La violencia doméstica preocupa al Mercosur

La violencia doméstica estuvo presente en el Parlamento del Mercosur, a través de un seminario organizado por su Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Con la participación de legisladores y legisladoras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se compararon legislaciones locales y se identificaron problemas comunes y posibles soluciones. Hubo consenso en los beneficios de alcanzar un régimen jurídico común al bloque.

ISABEL PEREZ

La Comisión de Ciudadanía y DDHH del Parlamento del Mercosur organizó el pasado lunes 27 de julio un seminario dedicado al tema Violencia doméstica, que tuvo lugar en la sede en Montevideo. Del mismo participaron fundamentalmente parlamentarios de Paraguay, Argentina y Brasil, intercambiando legislaciones locales, dificultades comunes y posibles soluciones. El diálogo fundamental se dio a partir de los aportes realizados por el panel de las organizaciones de la sociedad civil, que ocasionaron repercusiones en las contribuciones de los parlamentarios y posibilitaron el intercambio.

El seminario sobre Violencia Doméstica del Parlamento del Mercosur contó con la presencia del presidente del mismo, doctor Ignacio Mendoza Unzain, quien remarcó la importancia de tratar esos temas en el bloque, en tanto es ?caja de resonancia? de los intereses de la ciudadanía regional. De hecho, según la parlamentaria Mirtha Palacios, presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos y principal impulsora de la actividad, la iniciativa respondió al incremento de las denuncias recibidas por el Parlasur.

El panel destinado a la participación de las organizaciones no gubernamentales contó con Carolina Thiede, representante de Amnistía Internacional Paraguay, Ana María Nocetti, directora de la Fundación Plemuu de Uruguay y Fanny Samunisky, integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Amnistía Internacional Paraguay recientemente culminó un programa de catorce puntos para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, presentado al gobierno de ese país. A juicio de Carolina Thiede, tanto el Estado paraguayo como la región ?tropiezan en sus esfuerzos con sectores conservadores? de la sociedad, que impiden dar visibilidad al problema. Particularmente, ?el Estado paraguayo parece no poder garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia?, a la vez que ?mantiene una deuda importante con el tema pues no cuenta con cifras que tengan representación real? del alcance de la violencia doméstica a nivel nacional, informó la representante de AI.

SOSTENIBILIDAD DE LAS POLITICAS PUBLICAS

Tanto en Paraguay como en Uruguay se constata un aumento de denuncias violencia intrafamiliar, aunque en Paraguay, asegura Thiede, ?más del 50% de los casos denunciados no llegan a su fin? en el ámbito judicial, lo que desestimula a las mujeres a realizarlas.

De hecho, la exclusión o falta de acceso a la justicia se agrava en ese país con un alto porcentaje de la población que sólo se comunica en guaraní, idioma que, a pesar de ser oficial en Paraguay, es motivo de discriminación en las instituciones, por lo que en muchos casos las mujeres que lo hablan en exclusiva ?evitan el contacto con la autoridad?.

Si bien Thiede reconoce que en Paraguay parece haber voluntad política para trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres, los datos de la realidad muestran que aún existen profundas dificultades, pues la Secretaría de la Mujer ?no cuenta con recursos? y de ese modo ?no se les puede dar sostenibilidad a las políticas públicas?.

Ana Nocetti situó respecto de la Fundación Plemuu: la organización trabaja con un objetivo poblacional particular que son las amas de casa, lo que le permite estar muy cerca de la violencia intrafamiliar en su vivencia más concreta y cotidiana y no solamente desde un lugar teórico, como muchas veces le sucede a la academia o al Estado que, en general ?llegan mucho después? a visualizar y atender el problema.

TENSIONES ENTRE ESTADO Y ONG

En acuerdo con la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, Plemuu opera el servicio telefónico 0800 4141, que hizo posible el acceso a la información y derivación profesional a miles de mujeres que viven situaciones de violencia, generando por primera vez un registro formal a través de las llamadas.

Habiéndose extendido dicho servicio a todo el país y pudiendo accederse gratuitamente a él no sólo a través de Antel sino también de todas las empresas privadas de telefonía móvil, el 0800 ha recibido más de 86 mil llamadas, con un promedio de cinco mil anuales, lo que da la pauta de que la violencia contra las mujeres es un problemas de reales dimensiones.

Para Nocetti, la fragmentación e ineficiencia son dos de los problemas fundamentales en materia de respuestas a las víctimas. ?No sé que es peor: si la carencia de servicios o que los servicios no funcionen para el fin con el que fueron hechos?, afirmó en el seminario del Mercosur.

Otro problema serio en su visión sobre el abordaje de la violencia doméstica en nuestro país es que, a partir de la inclusión del Estado como agente interventor, las organizaciones no gubernamentales se ven coartadas en su labor técnica. Ahora son reguladas por normativas que cambian su modo de funcionar que, en muchos casos, está avalado por años de experiencia, informó Nocetti.

Fanny Samunisky ejemplificó: a veces se exige la integración a la organización no gubernamental de un psiquiatra para tratar el abuso o la violencia, ?medicalizando?, desde su punto de vista, un tratamiento que antes se abordaba desde otras vertientes profesionales sin problemas; otras veces se reducen los tiempos en que debe darse un egreso por motivos de disponibilidad económica.

PODER JUDICIAL EN DEUDA

Samunisky denunció que el Estado tiende cada vez más a contratar ?paquetes de ONG?, imposibilitando el diálogo y ?tercerizando?, más que proponiendo un trabajo conjunto. En tal sentido, instó a las autoridades competentes a realizar una ?autoevaluación real, no de programas aislados sino del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica? en general.

En cuanto a la aplicación de la Ley Nro. 17.514 de violencia doméstica, las falencias que la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual ya son conocidas, aunque vale recordarlas: la especialización de los episodios de violencia doméstica en lo civil fragmenta en muchos casos la acción judicial, a tal punto que ?sólo el 1% de los casos pasan a un juzgado penal, cuando las lesiones ya son gravísimas?.

Pero además, dice Samunisky, ?no se garantiza el cumplimiento de las medidas cautelares? que dictamina el o la jueza, pues si hay incumplimientos el juzgado no posee mecanismos para proteger a la mujer. Además, por la sobrecarga de expedientes, en muchos casos ?los defensores de oficio no tienen tiempo de leer siquiera el expediente de su clienta?, con lo que de hecho ?la defensoría formal se convierte en formal pero no real?.

La experta evalúa que ?el Poder Judicial está en deuda?, pues debería evaluarse para modificar las deficiencias que encuentre en la aplicación de la ley. Por otra parte, señala, ?las leyes son el resultado de consensos transitorios?, por lo que deben estar ?abiertas a modificarse?.

PARA EVITAR LA ?LETRA MUERTA?

El diputado paraguayo Juan Antonio Denis y la diputada argentina Mabel Müller, quienes expusieron en la mesa dedicada a la mirada de los parlamentarios, acordaron con la sociedad civil en que si bien hay avances a nivel legislativo, el desafío es en cuanto a mejorar ?la aplicabilidad? de las normas, para evitar lo que, de otro modo, será el fin de estas leyes: convertirse en ?letra muerta?.

Tanto en Argentina como en Paraguay, se está trabajando en el tema a nivel legislativo y también en la capacitación de los actores que intervienen en el proceso. El Parlamento argentino aprobó en marzo del corriente año la Ley Nro. 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

La diputada Müller destacó que sería importante unificar criterios y esfuerzos para alcanzar una legislación común en el bloque del Mercosur. También enfatizó la importancia de seguir trabajando para capacitar a quienes reciben en los distintos países las denuncias y en la profundización del diálogo con la sociedad civil.

VIA: LR21